Controversia por seguros de daños a terceros
A raíz del accidente en el kilómetro 42 de la carretera entre Santa Ana y Salvador, donde han perecido 16 personas y causado más de un centenar de heridos, resurge el debate sobre el Seguro Obligatorio de Daños a Terceros. Ahora el Viceministerio de Transporte analiza un seguro obligatorio estatal y otras exigencias para los conductores.
A esa tragedia se suman los accidentes viales ocurridos ayer en Chalatenango, San Miguel y Colón, con más de 70 heridos y, al menos, cuatro víctimas mortales.
Al debate también se une ahora la intención del VMT de querer administrar dicho seguro, en el área del transporte público.
El director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Seguros (ASES), Raúl Betancourt, realizó ayer varios señalamientos en torno a ello: "Si el estado se quiere meter a vender seguros tiene que constituir una aseguradora, que capitalizarla, que tener inversión, dedicarse a suscribir y administrar".
El director ejecutivo de ASES enfatizó que, de manejar el seguro el VMT, también deberá atender las quejas, reclamos, evaluar y proceder a indemnizar, lo cual implicará un gasto millonario para el Estado, debido a las elevadas probabilidades de accidentabilidad en El Salvador.
"Esto es todo un aparataje a nivel de negocio, de empresa. En el caso de ellos, como oficina pública, tendrá costos elevadísimos", enfatizó Betancourt.
El representante de ASES también indicó que el seguro a terceros carece de una cobertura amplia y, por tanto, no incluye los costos de los daños sufridos por las personas se conducen a bordo de los automóviles que sean impactados durante un choque. Pero sí velan por los peatones que son atropellados y que como resultado terminan con lesiones parciales o totales, perdida un miembro o que fallecen.
ASES ha propuesto al Viceministerio de Transporte exigir, a partir del 1 de julio, un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), en lugar del tradicional seguro de daño a terceros. Este nuevo producto tiene como meta ofrecer mayor cobertura no sólo a los conductores, sino a los posibles afectados en caso de una tragedia vial.
Sin embargo, el viceministro de Transporte, Nelson García, destacó ayer por la noche, en una entrevista del canal 33, que la cobertura del seguro es total, solidaria y que tendrá un costo entre $40 y $45 anuales; pero no cubrirá daños a vehículos.
No obstante, en El Salvador ni siquiera la exigencia de los "seguros de baja cobertura" ha entrado en vigencia.
En octubre de 1995, la Asamblea Legislativa incluyó el Seguro de Daños a Terceros en el apartado de Seguros y fianzas, de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, pero en varias ocasiones se ha pospuesto su entrada en vigencia.
Las autoridades continúan sin acordar el tipo de cobertura que se necesita, los montos a entregar a los afectados o parientes en caso de indemnización y las tarifas que deberían pagar los conductores mes a mes para obtener el mismo.
A mediados de diciembre pasado, el tema de la crisis económica fue la justificación con la cual los diputados pospusieron que entrara en vigencia la obligatoriedad de este seguro. Tanto diputados, transportistas y conductores particulares coincidieron en que obtener un seguro de este tipo implicaba un gasto extra y que la población no estaba preparada para asumir el gasto, debido a la coyuntura.
En lo que va de 2011, la Subdirección de Tránsito Terrestre contabiliza 1,573 accidentes de tránsito. De ellos, 187 fueron protagonizados por el transporte público. Específicamente, los buses han causado 180 accidentes viales y los microbuses 107.
Algunas de las causas más comunes de los choques de este año han sido los excesos de velocidad al conducir, la saturación de las unidades con pasajeros y el bajar y subir pasajeros en paradas no autorizadas por el VMT.
El viceministro de Transporte dijo que los transportistas no temen reincidir en las faltas viales. De ahí, que este año se hayan impuesto 30,187 esquelas.
Incluso, comentó que entre las medidas que anunciarán la próxima semana está el de colocar "gobernadores" en el transporte público, el cual es un mecanismo que impide que el vehículo circule a una velocidad mayor a los 90 kilómetros por hora.
Su costo podría andar entre los $200 y $300 dólares.
Además, expuso que buscarán exigir que los motoristas del transporte colectivo no puedan manejar si tienen esquelas pendientes de pago.
En el caso de los conductores de autos particulares, el funcionario explicó que debe hacerse una reforma legal.
El subdirector de Tránsito Terrestre de la Policía, César Flores Murillo, puso de ejemplo, ayer en un canal de televisión , el caso de un motorista de transporte colectivo al cual se le han impuesto 281 esquelas.
SOBRE EL SEGURO
El representante de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte (Casit), Rodrigo Contreras, aseguró que el 60% de sus agremiados sí está asegurado.
Mientras, el presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), Genaro Ramírez, alegó que el 50% del aumento al pasaje que exigían iba dirigido a contratar un seguro para cada unidad en caso de un accidente vial. La cuota del mismo era de $120 mensuales.
El dirigente rechazó la postura del presidente Mauricio Funes de exigir el seguro por daños a terceros como requisito para recibir el subsidio al transporte publico. "Está fuera de contexto lo que plantea por algo excepcional", alegó Ramírez.
El dirigente de AEAS agregó que su labor no es matar gente y que en el accidente del lunes, carretera a Santa Ana, los dueños de las unidades, al menos, perdieron $100 mil.
El mandatario pidió esta semana a la Secretaria de Asuntos Estratégicos y al VMT revisar los requisitos que debían cumplir las unidades de transporte colectivo para acceder al subsidio aprobado hace ya casi dos semanas. "Esto (el choque) nos plantea una reflexión, yo voy a pedir (...) que traigan nuevamente a la mesa el tema de las condiciones para recibir el subsidio", indicó Funes.
Los empresarios del transporte no estuvieron de acuerdo con la postura del Presidente e incluso cuestionaron con dureza las motivaciones de sus declaraciones.
"No entiendo qué pretende legislar, el decreto en la asamblea no incluye sólo al transporte público, la constitución dice que la ley es para todos. Es una artimaña para no cumplir con lo prometido (subsidio)", destacó Ramírez en una entrevista.
Contreras, de igual forma, dejó clara su inconformidad. "Lo negociado, negociado está", dijo el representante de Casit.
Otro requisito que deberán cumplir los dueños de buses, microbuses y todo tipo de vehículos para poder cambiar las placas, en mayo, será pasar la revisión técnica que se hará a los automotores. El viceministro dijo que en el examen se exigirá que estén en buen estado los frenos, las luces traseras y delanteras, el motor, el sistema de dirección, las llantas, la estructura del chasis y el sistema de suspensión y transmisión, entre otros elementos del vehículo. Pero si los automóviles no pasan las pruebas, sus dueños no obtendrán las placas.
fuente: elsalvador.com
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